DIREITOS HUMANOS E TEMAS SOCIAIS
EFE/La Vanguardia (Espanha) – Al menos 110 indios fueron asesinados en Brasil el año pasado
Río de Janeiro, 27 sep (EFE).- Al menos 110 indios fueron asesinados en Brasil el año pasado según un informe divulgado hoy por una organización católica que, pese a la reducción del número de muertes frente a 2016 y 2015, alertó que la violencia contra los pueblos indígenas tuvo un aumento continuo y sistemático.
"Los datos de 2017 indican que hubo un aumento en 14 de los 19 tipos de violencia analizados, principalmente de los casos de expulsión de los indios de sus tierras", alertó en su informe el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), un organismo vinculado al Episcopado de la iglesia católica.
En otros tres de los 19 tipos de violencia contra el indio analizados por el Cimi los números de 2017 fueron iguales que los de 2016 y en sólo dos se registró una reducción, incluyendo en el de asesinatos.
Es su nuevo "Informe de la violencia contra los pueblos indígenas de Brasil", el Cimi admitió que el número de homicidios se redujo desde 137 en 2015 hasta 118 en 2016 y hasta 110 en 2017.
"Pero hay que resaltar que el dato (del número de asesinatos) es parcial y que puede aumentar. Por eso queda evidente que la situación real con relación a los asesinatos puede ser aún más grave", según el informe.
Además, crecieron siete de los nueve tipos de violencia contra la vida de los indios, incluyendo los intentos de asesinato (27 casos), los homicidios culposos (19 casos), las amenazas de muerte (14), las lesiones corporales dolosas (12), el racismo y la discriminación étnico-cultural (18) y la violencia sexual (16).
De acuerdo con el organismo católico, además de un aún elevado número de homicidios, también se registró el año pasado una situación dramática en cuanto a los suicidios, con 128 casos, y al número de niños muertos (702 casos).
El informe "deja claro una realidad de absoluta inseguridad jurídica en lo que se refiere a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas", según el Cimi, que acusa a los tres poderes del Estado de "ser cómplices de la presión sobre las tierras indígenas, ya que pretenden permitir la explotación de sus recursos naturales".
El director del Cimi en la región sur de Brasil, Roberto Liebgott, uno de los coordinadores de la publicación, aseguró que, en el Congreso, los parlamentarios vinculados a los hacendados vienen promoviendo un "estrangulamiento" de las tierras indígenas por diversos vectores.
Liebgott resaltó que precisamente los tres tipos de violencia contra el patrimonio de los indios crecieron el año pasado, con 847 casos de omisión en la regularización de las reservas, 20 casos de conflictos por derechos territoriales y 96 casos de invasiones y explotación ilegal de recursos en tierras indígenas, frente a 59 en 2016.
El Cimi aseguró que el Gobierno del presidente Michel Temer no homologó ninguna nueva reserva en 2017, lo que lo convierte en el jefe de Estado que menos se ha empeñado por garantizar la tierra de los indios desde 1985.
Según el organismo, de las 1.306 tierras reivindicadas por los indios en Brasil, 847 (el 64 %) no han avanzado en sus procesos de demarcación por omisiones del Estado.
"Con Temer en el comando del Ejecutivo, los agresores se sintieron más seguros para cometer sus crímenes. La invasión y la omisión en las delimitaciones se arrastran como pólvora sobre los territorios y amenazan la supervivencia de muchos pueblos, incluso de los no contactados", aseguró el secretario ejecutivo del Cimi, Cleber Buzatto, en el artículo de presentación del informe. EFE
EFE (Espanha) – Ejército viola derechos humanos de moradores de favelas en Río, dice informe
Río de Janeiro, 27 sep (EFE).- Los habitantes de las favelas de Río de Janeiro han sufriendo 30 tipos de violaciones a los derechos humanos durante la intervención militar de este estado Brasileño, decretada en febrero y que está prevista se mantenga hasta diciembre, según un informe divulgado hoy por la Defensoría Pública.
El estudio "Circuito Favelas por Derechos", realizado por más de 25 entidades en defensa de los derechos humanos, apunta que las distintas violaciones que sufrieron estas personas por parte de los militares se agruparon en cinco bloques: violación en domicilio, abordaje, mortalidad provocada por el estado, operación policial e impactos.
Esta clasificación, según la Defensoría Pública de Río de Janeiro, se definió a partir de los relatos de los habitantes de las comunidades, que relataron episodios de robo por parte de agentes de seguridad, de daño a su patrimonio, de agresiones sexuales, extorsiones, amenazas, agresiones físicas, ejecuciones o disparos al azar, entre otros.
La intervención, que puso el control del orden público en Río de Janeiro bajo el mando del Ejército, fue decretada el pasado 16 de febrero por el presidente Brasileño, Michel Temer, para detener la ola de violencia que crecía en esta ciudad tras la organización de los Juegos Olímpicos de 2016.
El responsable de las visitas a las comunidades para el desempeño de este proyecto, Pedro Strozenberg, junto con otros defensores públicos, dedicaron de dos a tres horas a cada visita en las que recogieron las declaraciones de los vecinos y comerciantes de las zonas más afectadas por estas negligencias.
Strozenberg explicó que "los muertos son más visibles en las estadísticas y que los casos más expresivos, como las matanzas, son destacados en los medios, en cambio las violaciones se silencian, transformándose en sufrimientos patrimoniales, físicos y emocionales".
"Son relatos que exponen el miedo e invisibilidad al que cientos de miles de personas en Río de Janeiro están sometidas y demuestran que hay una forma de actuación recurrente en el modo en que las fuerzas de seguridad tratan a las comunidades", añadió el defensor público.
El informe destaca que hay "un conjunto de violaciones cotidianas que no salen en las estadísticas oficiales, pero contribuyen inmensamente a generar un sentimiento de miedo, desesperanza y revuelta en los habitantes de las favelas y de la periferia".
Strozenberg apuntó que es probable que algunas de esas violaciones, incluso sin estar formalmente ordenadas por superiores, pasen por una "validación oficial", como las prácticas de revisión de las mochilas de los niños.
"Aquí tratan a todo el mundo como si fuera delincuente, o es madre y padre de vagabundo, si es mujer es mujer de vagabundo, si es niño es hija de vagabundo, hay un 99 % de habitantes y de trabajadores, pero ellos creen que todo el mundo aquí es un bandido", expresó una mujer entrevistada por la Defensoría Pública.
Otro comerciante de una de las comunidades visitadas para el estudio relató que "el Ejército entró en su bar y robó la vídeo consola de su hijo y comió de sus productos", generando más de 4.000 reales (unos 1.000 dólares) de pérdida. "La gente trabaja para tener ese poco dinero y ellos se lo llevan", añadió.
Además de los relatos de invasión, los hay también de desprecio y falta de respeto en el abordaje, incluso a las mujeres. "Yo sé que sólo una mujer puede revisar a otra mujer, pero si no les dejamos nos dan un golpe en la cara", contó otra de las entrevistadas.
"El objetivo es que el informe presente una visión general de la situación y que sirva de instrumento de cambio y recomposición de la agenda pública de Río de Janeiro, ya que decenas de estos casos individuales relatados demandan una responsabilización", manifestó Strozenberg.
Las organizaciones no gubernamentales que hacen un seguimiento a la intervención desde su comienzo alegan que las propias estadísticas oficiales indican que la criminalidad ha aumentado desde que los militares asumieron el control del orden público en Río.
Según el Observatorio de la Intervención, que agrupa a varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre febrero y agosto de este año el número de tiroteos en Río saltó un 41 % frente al mismo período de 2017, hasta 5.712. EFE
